Esta entrada del blog examina cómo los organismos intermedios funcionan como una zona de amortiguación entre los individuos y el Estado, fortaleciendo la virtud cívica y la libertad política para mejorar la estabilidad de la democracia.
Las leyes que prohibían los grupos intermedios, promulgadas durante las primeras etapas de la Revolución Francesa en 1789, buscaban dejar solo a los individuos como sujetos racionales y razonables en la sociedad. Prohibieron no solo los gremios y las asociaciones mercantiles, considerados obstáculos para la actividad individual, sino también las actividades de los partidos políticos. Rousseau ya había anticipado que la eliminación de la existencia de grupos parciales que expresaban voluntades particulares dentro del Estado y la posibilidad de que cada ciudadano expresara únicamente su propia opinión formarían naturalmente la voluntad general. Este fue un intento de establecer un poder estatal que lograra el interés general mediante las acciones sociales racionales de individuos dotados de razón. Sin embargo, persistían las dudas sobre si todos los individuos podían considerarse verdaderamente racionales, y no existía ninguna garantía práctica de que la mera suma aritmética de individuos —el «número»— siempre arrojara resultados racionales en materia de orden público. Esta tensión entre «razón» y «número» se manifestó en la historia política francesa durante y después de la Revolución como un conflicto entre el liberalismo, simbolizado por la «razón», y la democracia, simbolizada por los «números».
Durante la Revolución, la supremacía de la razón sobre la cantidad fue claramente evidente. Un ejemplo paradigmático fue la restricción de los derechos políticos de la cantidad. Los liberales consideraban las elecciones no un derecho individual, sino una función pública. Las restricciones al sufragio se justificaban como un medio para racionalizar las decisiones públicas y eliminar los peligros inherentes a las masas representadas por la democracia. Para ellos, las elecciones consistían menos en elegir representantes que expresaran sus propios intereses y más en nombrar a individuos capaces de interpretar correctamente la voluntad ciudadana y percibir con precisión el interés general.
Sin embargo, a medida que la revolución se radicalizaba, emergió la práctica democrática popular, simbolizada por el «número». Cuando estallaron las guerras revolucionarias con potencias extranjeras, se declaró una crisis nacional, e incluso los sans-culottes, anteriormente excluidos de la esfera pública, se unieron a la Guardia Nacional. Ya no se conformaban con elegir representantes para delegar autoridad; querían rechazar leyes que no aprobaban y ejercer la soberanía directamente.
Sin embargo, Robespierre, quien tomó el poder basándose en la fuerza de los sans-culottes, limitó la práctica democrática popular en nombre de la «virtud». El Reinado del Terror de Robespierre presentó la «virtud» como un prerrequisito para garantizar la seguridad de la República e impedir la intervención excesiva del pueblo en la esfera pública, limitando la práctica política popular al marco institucional de la República. Esta virtud se definió como «el amor a la patria y a la ley, y el noble autosacrificio de subordinar los intereses personales al bien común». Este énfasis en la virtud se convirtió en un medio para justificar la restricción de la democracia y la absolutización de la representación, es decir, el poder absoluto de los representantes mediante su identificación con el pueblo.
A lo largo del siglo XIX, después de 1789, Francia sufrió la amenaza de la agitación política derivada de la tensión entre la razón, el número y la virtud. Como señaló Tocqueville, la ausencia de grupos intermedios se consideró una causa principal. La democracia derrocó la monarquía absoluta mediante la revolución, pero simultáneamente debilitó la razón y la virtud al depender de un poder centralizado y masivo, lo que finalmente condujo al despotismo. Tocqueville, un demócrata que también albergaba nostalgia por la aristocracia, reorientó su atención hacia el papel de los grupos intermedios durante la era aristocrática. Con la desaparición de estos grupos durante la revolución, los individuos perdieron oportunidades para cultivar la virtud cívica y el Estado perdió la capacidad de controlar el poder. En este sentido, Tocqueville esperaba que los grupos intermedios en la era democrática pudieran proporcionar el espacio para la realización de la libertad política, fomentando así la virtud cívica y controlando el poder.
La Tercera República, un sistema democrático liberal que resolvió el conflicto entre liberalismo y democracia y puso fin a la Revolución Francesa, reintrodujo grupos intermedios en respuesta a las nuevas necesidades sociales. Durkheim enfatizó la necesidad de grupos profesionales diferenciados en una sociedad en rápida especialización, capaces de formar una ética profesional y ejercer funciones representativas para facilitar la comunicación entre el Estado y el individuo. Durante el siglo posterior a la Revolución Francesa, se asignaron nuevos roles a los grupos intermedios. Además, el sistema de partidos, que comenzó a consolidarse a finales del siglo XIX, se consolidó como una nueva estructura para el reclutamiento de la élite y como un factor determinante de la opinión pública. El sistema de partidos, con diversas connotaciones ideológicas, mediaba entre la ciudadanía y el poder estatal, funcionando de forma que controlaba la democracia sin negarla.
